La libertad de expresión, la independencia del poder judicial y el efectivo cumplimiento de sus fallos se nos impone por encima de nuestros programas de gobierno, de nuestras coincidencias y de nuestras disidencias. Forma parte de un acuerdo pétreo, inamovible que debe respetarse gobierne quien gobierne la República.
No son cuestiones opinables. La constitución, de acuerdo a su propia definición en el artículo 36, mantiene su imperio siempre. No hay fuerza, ni derecho evocado que pueda poner en duda la supremacía constitucional.
La democracia argentina debe ser cuidada y protegida de acciones de intolerancia, de persecuciones, de señalamientos, escraches o cualquier intento de discrecionalidad en el uso de los recursos que el mismo Estado posee. Los límites del Estado los define la constitución, no el poder gobernante.
Debemos unir fuerzas diversas en un único eje: no aceptar en silencio la persecución, el uso indiscriminado del poder, o la utilización de organismos del Estado utilizados fuera de su finalidad. Los medios de comunicación, las empresas, los trabajadores, las consultoras privadas que miden la inflación o cualquier ciudadano no deben ser penalizado por sus ideas o por el desarrollo de actividades licitas que el gobierno considera inconvenientes para sus intereses.
Los abajo firmantes nos comprometemos a convivir en el respeto, la aceptación de la diferencia, la tolerancia democrática, la amistad cívica y el cumplimiento irrestricto de las garantías públicas y privadas que están expresadas en nuestra constitución nacional. Cuidar la democracia es el imperativo de esta hora y lo vamos a hacer.
Firmo yo: VERGÜENZA AJENA
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